martes, 28 de febrero de 2012

Proposición no de Ley sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En diciembre de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 2012 “Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos”, con el fin de profundizar la toma de conciencia sobre la importancia de incrementar el acceso sostenible a la energía, la eficiencia energética y la energía renovable en el ámbito local, nacional, regional e internacional.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con el apoyo de ONU-Energía y la Fundación de las Naciones Unidas, está liderando una iniciativa global: Energía Sostenible para Todos. Esta iniciativa involucrará a los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil a nivel mundial con el objetivo de lograr energía sostenible para todos y alcanzar tres objetivos principales para 2030: garantizar el acceso universal a servicios energéticos modernos, duplicar la tasa de mejora en la eficiencia energética y duplicar la cuota de las energías renovables en el mix energético mundial.

En este contexto, resulta especialmente llamativo que la política energética que está desarrollando el Gobierno de España sea diametralmente opuesta a las recomendaciones internacionales, apostando por los combustibles fósiles en detrimento de las energías renovables. Sin embargo, en otros países, como Alemania, su canciller, Angela Merkel, ha puesto fecha de caducidad a la energía nuclear y anuncia su progresiva sustitución por la energía eólica y el gas. Igualmente, en Estados Unidos, su presidente, Barack Obama, ha realizado una apuesta decidida por la energía eólica, tomando como ejemplo a España y su avanzada y vanguardista industria especializada.

El Gobierno ha reactivado los permisos de investigación de hidrocarburos en el océano Atlántico frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote concedidos a Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., mediante el Real Decreto número 1462/2001, de 21 de diciembre, permisos anulados por el Tribunal Supremo en el año 2004 debido a que en el Real Decreto no se mencionaban las medidas de protección medioambientales ni el plan de restauración adecuado al plan de labores propuesto. El apartado 3 del artículo 18 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos obliga a que en la resolución de otorgamiento se fijen los trabajos mínimos a realizar por los adjudicatarios de los permisos, incluyendo de modo preceptivo las labores de protección medioambiental, cuestión que incumplía el Real Decreto 1462/2001.

Actualmente, existe un alto riesgo de que se produzcan accidentes en explotaciones petrolíferas en alta mar. Precisamente por ello se está tramitando en el seno de la Unión Europea el Reglamento sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro. La Comisión Europea, en la evaluación de impacto sobre la propuesta de Reglamento, de 27 de octubre de 2011, reconoce que “En las últimas tres décadas se han producido al menos once desastres graves en explotaciones petrolíferas de alta mar, así como varios incidentes de menor importancia  que podrían haber derivado en catástrofes […] La probabilidad de que ocurra un accidente grave no se puede infravalorar, en especial ante los datos de persistencia de las cifras de los principales indicadores de incidentes, que no disminuyen. Las posibles consecuencias de un accidente grave en el sector son trágicas. Incluyen numerosas víctimas mortales, graves daños al medio ambiente y daños colaterales en los ecosistemas costeros y marinos6. Incluso los accidentes menos graves pueden reducir drásticamente la confianza pública y de los mercados, y las restricciones preventivas sobre la producción pueden afectar a la seguridad del abastecimiento energético y a la economía”.

La Comisión Europea concluye proponiendo, de entre las distintas opciones estratégicas posibles para garantizar la seguridad de las actividades de prospección petrolífera y de gas mar adentro, la aplicación de la Opción 2: “La opción estratégica preferida es la Opción 2, a saber, una reforma global de las actividades en alta mar que, mediante una nueva legislación, eleve en toda la Unión Europea el nivel de gestión de riesgos y el grado de preparación ante emergencias de este sector conforme a las mejores prácticas. Aparte de la coherencia, esta opción aumenta la transparencia de la industria y mejora la eficacia de las autoridades de regulación”.

Por tanto, resulta desaconsejable retomar en este momento las autorizaciones otorgadas por el Real Decreto 1462/2001 ya que, además de haber transcurrido más de 10 años desde su aprobación, se debería estar a la normativa europea actualmente en tramitación, pues dota de mayor seguridad las actividades de prospección petrolífera mar adentro.
 
Por otra parte, el Gobierno de España toma la decisión de manera unilateral, y sin tener en cuenta la petición de consenso social y político realizada tanto por el Gobierno de Canarias como por los Cabildos insulares de Lanzarote y Fuerteventura ante una decisión de tal calado, pues no hay que olvidar los posibles daños medioambientales que pueden ocasionar las prospecciones petrolíferas y el perjuicio que puede suponer para la industria turística, principal actividad económica del archipiélago.

Las instituciones valenciana y balear han rechazado igualmente las prospecciones petrolíferas en sus costas, según han manifestado responsables institucionales de dichas Comunidades, pertenecientes al Partido Popular, a quienes ha mostrado su apoyo el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Argumentan para ello el interés turístico de la zona y la riqueza natural que esconden las aguas mediterráneas, precisamente las mismas razones aplicables en Canarias. De hecho, en la zona en la que se pretenden autorizar los estudios, entre Lanzarote y Fuerteventura, existen más de una decena de Espacios Naturales Protegidos, incluidos algunos de ellos en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, tales como el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, la Reserva Integral del Roque del Este, el Parque Natural de la isla de Lobos, el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, el Parque Natural de Jandía y Sitio de Interés Científico del Matorral en el Saladar de Jandía, etc.

A todo ello se une el contencioso sobre las aguas jurisdiccionales de Canarias y la mediana con Marruecos, precisamente en la zona donde se estima que se llevarán a cabo las prospecciones, lo que según el jefe del Mando Militar de Canarias, el teniente general César Muro Benayas, podría aumentar la tensión con Marruecos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Paralizar y archivar el expediente por el que se otorgaron a Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. los permisos de investigación de hidrocarburos en el océano Atlántico frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, mediante el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, permisos anulados por el Tribunal Supremo en 2004.

2. No otorgar nuevas autorizaciones para la realización de actividades de investigación y prospección petrolífera en las costas canarias hasta tanto se apruebe y entre en vigor el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro, actualmente en tramitación, y siempre con el consenso social y político con las instituciones canarias.