martes, 24 de enero de 2012

Quien creó el problema del Canódromo difícilmente lo va a solucionar

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el Canódromo conocida por todos recientemente devuelve el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que tendrá que pronunciarse nuevamente sobre la legalidad o ilegalidad del Plan Especial.

Ahora bien, conviene aclarar que dicha sentencia en ningún caso supone que las licencias para la construcción de las torres, anuladas en su momento, hayan recobrado su validez, pues la anulación de las licencias se decidió en un procedimiento distinto al que anuló el Plan Especial del Canódromo.

Por lo tanto, la situación actual de la parcela del Canódromo es no ordenada. El Plan General que se encuentra pendiente de aprobación definitiva dejó sin ordenar la parcela a la espera del pronunciamiento definitivo y firme del Tribunal Supremo, y como quiera que éste ha remitido nuevamente el asunto al TSJC, habrá que esperar al pronunciamiento de dicho Tribunal.

Nos encontramos, pues, en el punto de partida del proceso y se vuelve a situar el caso en el año 2000, cuando se firma el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa Urbacan para la permuta de los terrenos donde se construirían las torres del Canódromo. La operación urbanística fue llevada a cabo en solitario por el Partido Popular, con el actual alcalde como concejal de urbanismo, y ya en aquel momento quedó demostrado que fue un mal negocio para la ciudad.

La Comisión de investigación sobre el caso Canódromo creada en el mandato anterior trató de aclarar y dar transparencia al asunto, y ahora es criticada por Cardona, que fue quien creó el problema. El informe de conclusiones de dicha Comisión no hace daño a la ciudad, sino a los responsables políticos que impulsaron la operación urbanísticas del Canódromo, porque deja al descubierto que no defendieron bien los intereses municipales.

La ciudad sigue sufriendo hoy las consecuencias de una “política urbanística sectaria” del Partido Popular, que durante muchos años gobernó como si la ciudad fuera suya y se dedicaron a firmar convenios urbanísticos, la mayoría de los cuales tienen hipotecado el futuro económico de la ciudad.

Ahora, con una nueva mayoría absoluta, el Partido Popular vuelve a estar solo en el gobierno de la ciudad, por lo que les pedimos que no vuelvan a cometer los errores del pasado y que las decisiones que se tomen a partir de ahora sean producto del consenso de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento, pues ha quedado demostrado que cuando el Partido Popular actúa solo, las consecuencias para la ciudad son nefastas.